Por EFE / Foto EFE -
El nuevo presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, prometió este sábado su cargo ante el rey de España, Felipe VI, en una ceremonia sin símbolos religiosos, en la que estuvo presente su antecesor al frente del Ejecutivo, el conservador Mariano Rajoy.
Sánchez prometió su cargo, en lugar de jurarlo y sin presencia de la Biblia y del crucifijo, rompiendo con la fórmula tradicional por la que habían optado todos los jefes de gobierno de la democracia en España.
El nuevo presidente del Ejecutivo se acogió a esta opción que fue acordada por la Casa del Rey en julio de 2014, poco después de la proclamación de Felipe VI, para dar la opción a los altos cargos de jurar o prometer ante la Biblia y la cruz o sin ellas delante.
Sánchez se define como ateo y firme defensor de que España sea un estado laico, de retirar la obligatoriedad del estudio de la religión de los colegios públicos y de revisar el Concordato con el Vaticano.
"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros", leyó.
En la ceremonia, celebrada en el Palacio de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado español, estuvo presente el jefe del Ejecutivo saliente, Mariano Rajoy, y las principales autoridades estatales.
Tras el acto, Sánchez se dirigió al Palacio de la Moncloa, residencia oficial de los presidentes del gobierno de España, donde se instalará junto a su familia.
El líder de los socialistas españoles fue elegido este viernes nuevo jefe del Ejecutivo español tras obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso a una histórica moción de censura con la que forzó la salida del poder del conservador Rajoy, líder del Partido Popular (PP).
La moción, presentada hace una semana por los socialistas tras conocerse la sentencia de la Justicia española que condenaba al PP por beneficiarse de una trama de corrupción, fue aprobada por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención.
Sánchez contó con el apoyo del Partido Socialista, de la coalición de izquierda Unidos Podemos y de los grupos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña.
La situación política en Cataluña ante el desafío independentista es el principal reto que el nuevo presidente del Gobierno español tiene por delante, aunque también deberá concretar el nuevo modelo de financiación regional, alcanzar un pacto educativo y afrontar los presupuestos para el próximo año.
Respecto a la futura relación entre el Ejecutivo central con el de Cataluña, Sánchez se encontrará un escenario distinto, al retomar hoy el gobierno regional catalán el control de las instituciones autonómicas siete meses después de que fueran intervenidas por el Estado español tras la ilegal declaración unilateral de independencia.
Durante el debate de la moción de censura, Sánchez se mostró abierto a dialogar con las nuevas autoridades catalanas para tratar de suavizar las relaciones.
En ese sentido, el presidente catalán, el independentista Joaquim Torra, le instó a dar un paso y asumir "riesgos" y le urgió a abrir una negociación "de gobierno a gobierno" para afrontar la situación que vive esa comunidad autónoma española.
En el Congreso español, Sánchez se comprometió a abrir "una nueva página de la democracia" y fijó como prioridades la regeneración democrática, la estabilidad presupuestaria, el compromiso de España con la Unión Europea (UE) y la convivencia territorial.
El nuevo Ejecutivo socialista deberá afrontar en el Congreso, donde tiene 84 escaños de un total de 350, leyes promovidas por el anterior partido en el gobierno, el Partido Popular, como la ley Hipotecaria y gestionar otras normas que actualmente se tramitan como la Renta Mínima o la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
Sánchez se comprometió también a cumplir con los Presupuestos de 2018, aprobados hace poco más de una semana por el Ejecutivo de Rajoy y pendientes de su tramitación en el Senado, con el fin de mantener la estabilidad, y aseguró que no es la intención de un gobierno "eventual" derogar en ese contexto reformas, como la de las pensiones.
