Por Prof. Erasmo Lepage (Docente - Periodista- Investigador) / Foto Referencia
El comportamiento social de las ciudades se ha estudiado con las primeras civilizaciones conocidas. La necesidad de congregarse del hombre para defenderse y sobrevivir lo condujo a crear, establecer y respetar leyes provenientes de las costumbres. La conducta humana grupal descrita bajo preceptos filosóficos éticos, se ha dividido entre el bien y el mal, reglamentadas en normas de convivencia organizacional. Su violación acarrea separación del grupo y sanciones que dependen de las faltas o delitos cometidos en contra de lo aprobado por la mayoría.
¿Qué tanto puede hacer un ciudadano después que denuncia ante los órganos competentes que administran justicia si no recibe respuestas favorables?, ¿hacer justicia con sus manos?
Los tribunales de justicia se encuentran saturados de denuncias sin resolver, y los cuerpos policiales de investigación con calabozos repletos de procesados que el sistema legal no terminan de sancionar o penalizar como consecuencia del manejo dudoso en los procesos administrativos que la mayoría de las veces terminan con otros resultados. De igual manera, las cárceles diseñadas para un número específico de reos están saturadas con una superpoblación a pesar que muchos salen a la calle sin completar las sentencias judiciales definitivas.
Los calabozos creados solo para detenciones temporales y resguardo de detenidos mientras se redactan las actas procesales y realizan las investigaciones correspondientes, relacionadas con los diferentes casos en desarrollo, quedaron sin espacios disponibles en las sedes de las policías regionales y cuerpos de investigación. Los retardos procesales, unos premeditados y otros por desconocimiento en su elaboración, llenan las pocas celdas preventivas. Las devoluciones constantes de expedientes limitan el verdadero trabajo de los funcionarios. ¿Para la redacción de las actas y expedientes, emplear especialistas en derecho ahorrará el trabajo?
La galopante corrupción socavó todos los estamentos del poder judicial haciendo metástasis en los cuerpos policiales preventivos y de investigación. No hay efectividad en la ejecución y cumplimientos de los procesos policiales, investigativos y penales. Existe un retraso intencionado en la elaboración de actas, muchas presentan fallas en su estructuración gramatical, permitiendo la liberación de procesados aun existiendo evidencias y argumentos válidos para ser penados. La carga de trabajo es excesiva para muy poco personal que investiga, patrulla, elabora actas y cuida detenidos.
Los ciudadanos afectados por la delincuencia ya no pierden el tiempo presentando las denuncias, siempre encuentran la misma respuesta, “Debe esperar un tiempo prudencial por encontrarse abarrotados los calabozos de detenidos sin procesar”. “Si hay muerto o heridos vamos atenderlos” y otras respuestas similares.
Progresiva y exponencialmente aumenta el número de delincuentes en las crecientes barriadas que proliferan en la periferia de la ciudad. La marginalidad y pobreza los obliga a luchar con las únicas armas que les deja el gobierno para no morir; la supervivencia. La poca y errada planificación gubernamental no contempla un desarrollo industrial, económico, social, sistemático y empleador que libere a la juventud –los más vulnerables– de las ataduras del ocio y el desempleo. Carecer de los servicios básicos y padecer las más elementales necesidades conduce a la mayoría de ciudadanos a delinquir en una ciudad desorganizada y anárquica.
Pronto estaremos sometidos al caos total si no atendemos este gravísimo problema a tiempo, ya lo tenemos presente, debemos ocuparnos ante que sea tarde.
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